Editorial de rotativo Los Tiempos

El senador Óscar Ortiz, uno de los asambleístas que con más rigor y perseverancia ha hecho seguimiento al caso Zapata – Camce, ha presentado su informe de fiscalización sobre los resultados obtenidos después de tres años de investigaciones. La conclusión a la que llegó es que hubo favorecimiento e impunidad para la empresa china y que, además, no se avanzó en el proceso penal ni hubo una auditoría.

“Tres años después, el proceso no avanza. La Contraloría General del Estado, a quien el Presidente en una conferencia prensa con muchos medios le pidió públicamente que haga una auditoría a estos contratos, nunca hizo la auditoría. La Fiscalía no tiene ningún detenido. Los funcionarios representantes de Camce, responsables de este contrato, se fueron del país antes de que la Fiscalía tome cualquier medida”, dijo Ortiz al hacer una síntesis de su trabajo.

Es muy encomiable que al menos un asambleísta de la oposición no se haya dejado llevar por el cansancio y resignación que al parecer ha neutralizado la labor fiscalizadora de sus colegas. Y vale la pena devolver al tema la actualidad que merece, aunque de novedoso ya no tenga nada.

En efecto, nadie puede calificar como una revelación al informe presentado por Ortiz. Por el contrario, no hace más que confirmar lo que desde un principio ya se podía ver con toda claridad. Y es que ni el gobierno nacional ni la Asamblea Legislativa Plurinacional y mucho menos el Ministerio Público tuvieron alguna vez la intención de esclarecer el caso.

Todo lo contrario, desde ese día de febrero de 2016, cuando se resolvió conformar una Comisión Especial Mixta para investigar la denuncias sobre un presunto tráfico de influencias en favor de CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch (Camce), la noticia fue recibida con mucho escepticismo. No podía ser de otro modo, porque la comisión nació bajo el estigma de la obsecuencia. Quienes la integraron en nombre de la bancada oficialista dejaron entrever, desde un principio, que su principal propósito no sería buscar la verdad sino, por el contrario, contribuir a su ocultación.

Ahora, tres años después, de ningún modo resulta sorprendente que el simulacro de investigación al que se refiere el informe del senador Ortíz haya dado los únicos frutos que podían esperarse de él.

A pesar de ello, y aunque al menos por ahora no haya ningún motivo para la alentar la esperanza en que algún día se conozca la verdad sobre uno de los más emblemáticos casos de corrupción económica y política durante los 13 años de la actual gestión gubernamental, vale la pena mantener viva en la memoria la historia de Gabriela Zapata y la empresa china.