“Las empresas periodísticas bolivianas ingresaron en un preocupante ciclo de fragilidad financiera como efecto de ocho años continuos de presiones gubernamentales, de persecución tributaria a diarios y a sus anunciadores, y de permanente estigmatización al trabajo de periodistas y medios y de la imposición de servicios gratuitos de difusión”, se lee en el informe que se presentará ante la  Reunión de Medio Año de la SIP.

Esa actividad  se llevará adelante desde hoy hasta el domingo en Cartagena de Indias, Colombia.

En ese documento se detalla que desde 2010, el Gobierno promulgó 13 leyes,  “que responden a un esquema político e ideológico,  orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios”.

En ese informe se indica, además,  que cada una de las 13 normas “impone a radioemisoras, difusoras de televisión, medios virtuales, pero en particular a diarios privados e independientes, la publicación de avisos gratuitos en páginas específicas que generan pérdidas de hasta 30% por concepto del servicio de publicidad”.

En ese texto se informa  que los  diarios nacionales deben rechazar publicidad solicitada por el público y en su lugar,  llenar espacios privilegiados con avisos de campañas gubernamentales.

“El castigo financiero adquiere doble impacto: por una parte se despoja de recursos financieros a los medios privados y por otra, se excluye a toda empresa periodística independiente de la publicidad estatal que es distribuida entre medios con alguna afinidad con las políticas gubernamentales”, se lee en el documento.

En el informe  se detalla que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que la imposición de avisos gratuitos contraviene el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, promulgada por el propio presidente Evo Morales, en 2009, en la que se “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.

En el documento se indica que  los legisladores de la bancada del MAS, que tiene una amplia mayoría en la Asamblea, “repitieron la agresión financiera” en 2018 cuando aprobaron  la Ley de Organizaciones Políticas, “que bajo el argumento de promover el ‘voto informado’ y la ‘igualdad de proporcionalidad’ entre los partidos políticos dispuso la cesión ‘gratuita y obligatoria’ de espacios en medios de comunicación”.

El informe sobre Bolivia concluye lo siguiente: “El saldo de la asfixia financiera afecta directamente al derecho ciudadano a ser informado oportunamente y por medios independientes a la voz gubernamental que, a través de una extensa red de medios radiales, una agencia de noticias y un canal de televisión con cobertura satelital, difunde propaganda favorable a los gobernantes de turno”.

Restricciones  a libertad de prensa 

En el último año, el Reporte Anual de Violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en Bolivia detectó 49 casos de restricción a la libertad de expresión y de prensa. “El número de casos registrados pone de manifiesto un incremento significativo de las restricciones a la libertad de expresión y libertad de prensa”, se lee en el informe.

En ese documento, que es  del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos,  se cita  que el presidente Evo Morales, en  2018, “dio un discurso señalando que implementará una ‘Ley de la Mentira’, dirigida a los medios de comunicación y a las autoridades del sector público”.

En el informe  se indica que se debe sumar que en Bolivia “hay 13 leyes y decretos que obligan a la difusión gratuita de avisos y campañas gubernamentales en medios de información privados”.

El documento también  denuncia “el hostigamiento” a las Organizaciones No Gubernamentales, “que son críticas con la política dominante”.

Página Siete  / La Paz