Foto: exministro de Minería Dionisio Garzón.


 

El exministro de Minería Dionisio Garzón opinó que la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pone en entredicho los derechos mineros otorgados a las personas o a las empresas. Prevé que tendrá un “nefasto” precedente que anulará nuevas inversiones.

 Garzón explicó que en el área de operación de la mina Candelaria existen concesiones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de otros particulares  desde la década de los 70. 

“Hubo  varios intentos de operación de  empresas mineras nacionales, de la Comibol y de transnacionales, porque hay un interesante potencial minero; pero  las disputas de los concesionarios con la comunidad y en partes con el Estado han hecho que esos intentos no sean exitosos”, precisó.

Se trata de un proyecto de gran escala, pero advirtió que   si el Estado no garantiza los derechos adquiridos y las tareas de exploración, evaluación y los trabajos mineros actuales, nunca se llegará a tener éxito en los intentos.

 “Tendremos otro elefante blanco como es  el caso de Mallku Khota o de Amayapampa, donde el adagio del perro del hortelano que no come   ni deja comer define nuestra manera de encarar la política minera del país”, observó el experto.

 En criterio de Garzón, está en manos del Gobierno  hacer cumplir la ley y evitar un retroceso a la ley de la jungla. La Constitución señala que la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables, tendrán carácter estatal y utilidad pública.

Una declaración constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tiene carácter de sentencia, declaró aplicable y legal la decisión comunal de expulsión sin lugar a compensación alguna de una concesión minera en Potosí, bajo los principios de la justicia comunitaria. Advierten que esa  decisión abre la puerta a otras reversiones de minas y todo tipo de propiedades sobre la base de esta modalidad.

La comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel, de la provincia Sud Lípez, del departamento de Potosí, expulsó a la empresa minera La Candelaria y a su propietario Wálter Huarachi Véliz, conforme a los principios, valores, normas y procedimientos propios de esa  comunidad. 
 
 La Sala Cuarta Especializada del TCP, mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018  de fecha 29 de agosto de 2018, estableció “aplicable” la decisión comunal de “expulsión sin lugar a compensación alguna” del operador de la mina,  conforme a los principios, valores, normas y procedimientos propios de la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel.

Fuente: 

Página Siete /