Estos datos no deben llenar de orgullo a nadie, más bien, debe preocupar a los ciudadanos, a todos. Un análisis denominado: “En Bolivia, ni las empresas pagan impuestos, ni el sector hidrocarburífero es el que más contribuye”, de Gustavo Marcelo Rodríguez, nos hace comprender que el Estado se sostiene sobre los impuestos pagados por el pueblo (IVA, IT, ICE, etc.). Casi el 55% proviene de los ciudadanos, sumados al 15% aproximadamente de las empresas, superan los montos provenientes por hidrocarburos.

Las empresas, como las gasolineras, actúan como agentes de retención sobre todos los productos facturados, que se encarecen por los costos de vivir para el fisco, tener un infierno fiscal es peligroso y riesgoso para los pobres, quienes son los que sufren el encarecimiento de los productos que son facturados por el productor.

El mismo producto es facturado por el distribuidor, es facturado por el intermediario y finalmente por el vendedor, toda esta cadena de facturación no sirve a momento de obtener crédito fiscal, ¿No existe universalidad de la factura, para qué solicitarla?

La presión fiscal está unida a la noción de esfuerzo fiscal, que es la relación entre la presión fiscal (P.F.) y la renta nacional media (renta per cápita) de un país. Su fórmula es: E.F. = (P.F.: R.N.p/c) × 1000.

El esfuerzo fiscal es más representativo que la presión fiscal porque nos permite conocer el sacrificio que supone para los pobres la carga de los impuestos, no es lo mismo confiscar 25% por IUE o 13% de IVA en Estados Unidos o Japón que exigir lo mismo en Mozambique, esto no entienden los burócratas bolivianos, quienes creen que vivimos en un país de Jauja, mientras Hong Kong no cobra IVA la opulenta Bolivia se da el gusto de pagar semejante alícuota. Decía el profesor Miguel Anxo Bastos que ningún emperador se atrevió a cobrar más de 10% de impuestos a sus súbditos, miremos hasta donde hemos descendido, somos una vergüenza para nuestros tatarabuelos que organizaron revoluciones independentistas en América por motivos tributarios, por peniques.

El problema esencial es el excesivo gasto público, más Estado, más burócratas, más impuestos, más presión fiscal, más esfuerzo fiscal, más multas sobre multas, más clausuras, más quiebras, más desempleo, más indigencia.

La administración tributaria ha decidido hacer más pobres a los pobres, con normativas ilegales incumplibles cuyo único propósito es recaudar a costa de llevar a la quiebra a las empresas con multas por incumplimiento, castigar la formalidad para provocar informalidad, poniendo en riesgo las inversiones, ejecutando, embargando, confiscando, clausurando, rematando, volviendo menos competitivos los emprendimientos y fuentes de empleo, faltando el principio lírico constitucional sobre la calidad de vida y “vivir bien”, desmantelando el aparato productivo y condenando a las futuras generaciones a la penuria.