Un análisis con datos oficiales del economista Julio Linares twitter: @JulioHLinaresC señala que los recursos que se requieren se comen el 67% de fondos adicionales del PGE.

En octubre se conocerá el dato del crecimiento económico al primer semestre y si este año se paga el segundo aguinaldo. Si se concreta el beneficio, el sector público demandará un gasto de 2.663 millones de bolivianos.

La proyección fue realizada por el economista Julio Linares, experto en descentralización, según estimaciones realizadas a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) de este año y datos del SIGEP Móvil.

El segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia, es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto esté por encima del 4,5% (entre julio de 2017 y junio de este año), de acuerdo con el Decreto Supremo 1802.

Los datos analizados revelan que el mayor gasto para cancelar el beneficio este año se concentrará en los servicios de educación y salud, 851,5 millones de bolivianos; luego las Fuerzas Armadas y Policía, 295,6 millones de bolivianos; municipios, 237,9 millones de bolivianos e instituciones de la seguridad social.

“Suponiendo que los gastos corrientes de las instituciones estatales ya están totalmente programados, el monto superior a los 2.600 millones de bolivianos estimados para pagar el segundo aguinaldo significaría sacrificar inversión pública”, advirtió Linares.

Los recursos necesarios para financiar el beneficio, además, superan en 23% la inversión programada este año de todos los gobiernos departamentales y 57% de la inversión de todo los municipios. En los primeros días de octubre se conocerá si se paga o no el doble aguinaldo.

El bono llega al 20% de los trabajadores del país

En 2015 el pago del segundo aguinaldo sólo benefició al 20% de los trabajadores en el país (5% del área rural) y no significó una modificación de la estructura de distribución del ingreso nacional, según un análisis del Centro de Estudios Laborales para el Agro (Cedla).

El economista Julio Linares observa que este beneficio no discrimina un real esfuerzo de los gestores públicos, porque si se toma como medida la ejecución presupuestaria, en 2015, por ejemplo, 161 instituciones (de todos los niveles del Estado) no lograron si quiera el 60% de eficiencia.

Reportes del Ministerio de Economía dan cuenta que a junio de 2018, el 38% de las entidades estatales no había superado el 25% de ejecución.

En el caso de las empresas públicas, dependientes del nivel central del Estado, la duda es aún más seria, pues empresas como Construcciones del Ejército y Enatex cerraron sus puertas en 2014 y 2015, respectivamente, sin embargo, en ambos casos se pagó el segundo aguinaldo a sus trabajadores.

“La pregunta específica es, si sus gerentes y jefes, por ejemplo, merecían haber recibido este bono. Situación que también debería ser cuestionada en casos de Quipus, Cartonbol, San Buenaventura y el Mutún, que tuvieron pérdidas 2014 y 2015, pero que también cancelaron el beneficio incrementando aún más su déficit y dañando las finanzas estatales”, critica Linares.

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Fuente: Página Siete