Análisis de Dante Napoleón Pino Archondo   Economista, fue Ministro de Servicios Financieros, Diputado Nacional de Bolivia y es Profesor de Economía.

Cuando los caminos se entrelazan no hay forma de evitar la confusión. Y nada mejor que  mirarlos desde arriba para tener clara la ruta. Hay dos hechos fundamentales que parecen serán los que ahora y a mediano plazo muestren esa ruta imprescindible para saber por dónde ir.

La historia no se escribe en vano y toda causa tiene efectos. En octubre de 2003 no se produjo solamente el derrocamiento de un presidente al que se lo puso contra la pared acusándolo de querer vender la patria por tener entre manos un proyecto para exportar gas a mercados externos y dejar de esa manera de ser dependientes tanto del Brasil como la Argentina, hoy a quince años de esos sucesos luctuosos, podemos ver a donde nos condujeron los caminos entrelazados.

El 1 de mayo del 2006 el gobierno, vencedor de octubre, declaró la nacionalización del gas y desde ese momento utilizó esa bandera para explicar la multiplicación de los ingresos fiscales, comparando cuantas veces podía, lo que el Estado recibía por impuestos, antes de la nacionalización y después de ella. YPFB se dijo que asumió el control de los hidrocarburos en toda la cadena, desde la exploración hasta la comercialización.

Hoy con la menguada y poco transparente información que se tiene sabemos que el gobierno ha manejado desde el año 2008 al 2017, más de cincuenta mil millones de dólares adicionales a los que se recibía por concepto de la venta de gas al Brasil y Argentina.

Esos ingresos producto del incremento en los precios internacionales del petróleo, produjeron el efecto precio del gas. La coyuntura que da inicio el año 2008 y dura hasta el 2015, no sólo encandiló al gobierno que terminó creyendo su mentira sobre la nacionalización del gas sino que acabó convenciendo a una mayoría ciudadana de que esto fue así. Y tenemos trece años y vamos a los catorce escuchando las virtudes de dicha nacionalización y sus frutos que dieron paso a varios años de una fiesta nacional, donde lo que abundó fue el dinero y junto con él el endeudamiento para costear el consumo de bienes duraderos, la construcción de viviendas y las importaciones de automóviles legales e ilegales, amén de bonos y de un gasto fiscal corriente que se multiplicó por tres.

Mientras hubo gas duró la fiesta. El inevitable uso político que se hizo de él ahora comienza a cobrar sus facturas. La ruptura del orden democrático el 2003 justificada por la defensa del gas, que tenía el gran proyecto de transformar la industria, de diversificar la economía y hacer de este hidrocarburo el eje de un desarrollo nacional liberador de la dependencia económica, ha terminado como una historia más, de otras tantas, donde YPFB se queda con los saldos de unas reservas de gas super explotadas, sin nuevos pozos que reemplacen la explotación realizada, sin ingresos para sostenerse y a merced de dos compradores, los cuales han desarrollado sus propios campos gasíferos y ya no tienen el mismo interés con el gas boliviano.

Este cuadro de situación no puede pasar como una anécdota sin la mayor importancia. Este resultado tiene responsables y le deben al pueblo que les creyó una explicación seria. No puede ser que se haya derrocado a un gobierno, se le haya acusado de antinacional y se hubiera levantado la bandera de la liberación, advirtiendo que no se exportará ni una molécula de gas a Chile y ahora no se tenga ni gas, ni industrialización, ni desarrollo nacional liberador de la dependencia y volvamos a la situación anterior de tener déficits fiscales y comerciales junto con un nivel de endeudamiento interno y externo que nos presagian regresar al pasado, que tan denostado fue por el actual gobierno.

El otro asunto nacional de una dimensión tan importante como es la defensa de los recursos naturales, fue la demanda instaurada por el gobierno contra Chile con el fin de obligarlo a negociar una salida al mar con soberanía. Decisión propia del presidente de la republica que definió ese camino como el mejor para obtener una solución al diferendo marítimo, y como sabemos, terminó en otro fracaso con la resolución dictada por la CIJ negando la obligación de Chile para tener que negociar dicha salida al mar.

Las repercusiones de este asunto no quedan sólo en el ámbito diplomático se extienden hacía la economía nacional y nos dejan a merced del tratado de 1904 que fijó los derechos y obligaciones contraídas para tener acceso a los puertos chilenos.

La ironía es que Chile comienza a importar gas de la Argentina, que con los pozos gasíferos de Vaca Muerta se convierte en el tercer país del continente en poseer las mayores reservas de gas, entendidos en la materia hablan de 800 TCF´s, que comparados con los 10 TCF´s que se dice tenemos, nos desplazan de golpe en el mercado.

Bolivia en vez de constituirse en el eje energético del continente acabará como un país que en el futuro de vendedor se convertirá en comprador de gas a la Argentina.

La responsabilidad política de estos resultados no se pueden dejar pasar al calor de una contienda electoral y en todo caso debían servir para que el debate ponga en el lugar que se merecen a quienes han traicionado las expectativas y esperanzas que ofertaron con el gas y con el mar.

Dejo esta nota con una pregunta: ¿tenía razón el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada cuando quería tender ductos de gas hacía Chile, invertir en plantas de regasificación y negociar el gas boliviano a mercados externos? ¿No hubiera sido esta política la adecuada para negociar mejores condiciones de acceso al Pacífico? ¿No se hubieran tenido las inversiones necesarias y suficientes para convertirnos en el eje central de la provisión de energía en el continente?

¿Qué pasó entonces?