Análisis de Emilio Martínez Cardona (Minas, Uruguay, 13 de diciembre de 1971) es un escritor y periodista uruguayo–boliviano.


Vistas las candidaturas presidenciales que irán, primarias mediante, a las elecciones nacionales del año próximo, resulta evidente que el centralismo acudirá a las urnas desdoblado.

Una de sus fuerzas representa al régimen autoritario de emergencia, aceptado por la oligarquía paceña en un momento de crisis, ante el avance del movimiento autonomista. Hablamos por supuesto de la estructura verticalista que acaudilla Evo Morales, especie de nuevo Zárate Willka utilizado principalmente para hacer frente al desafío descentralizador encabezado por Santa Cruz, pero también contra el resto del Oriente y el Sur del país.

Pero, como el instrumento designado para conservar la forma de Estado centralizado se extralimitó de su función inicial, con una agenda mucho más radical digitada desde Caracas y La Habana, se lanza ahora una segunda fuerza.

Ésta encarna un intento por volver al centralismo a la antigua, con un representante de la clase tradicional que administró la cosa pública de forma concentrada durante la mayor parte del siglo XX. Carlos Mesa es la locomotora en ese proyecto, que probablemente no sea de retoma del poder sino de simple renegociación de parcelas de cogobierno con el cártel de la coca y las burocracias sindicales.

Sería triste, pero sobre todo sería la pérdida de una oportunidad histórica, que Santa Cruz se dejara enganchar como furgón de cola en ese tren de regreso al pasado, de la mano de quien llegó a planear una invasión militar al departamento en tiempos del Cabildo de enero del 2005 (aspecto registrado en el testimonio del mismo Mesa, en su documental “Presidencia sitiada”).

Y hablamos de oportunidad histórica, porque las condiciones parecen maduras para la irradiación desde Santa Cruz de un nuevo proyecto nacional, inspirado en la tríada federalismo-desarrollo-república.

La República Federal ya es una esperanza plenamente instalada en importantes bastiones electorales del Occidente como Potosí, Cochabamba y Sucre, por lo que parece un horizonte político viable, donde el desarrollo sería autogestionado desde los departamentos.

En ese nuevo marco institucional se podrían impulsar polos territoriales de crecimiento económico, en base a alianzas que integren la sinergia del sector público, las empresas privadas y las universidades.

La superación del modelo centralista también debería ser un componente relevante en una política de transparencia, que revierta los altos índices de corrupción de la actualidad transfiriendo fondos y funciones hacia los gobiernos subnacionales, que están más cerca de la gente y que por eso mismo son más fiscalizables.

Pero el citado expresidente ha dado sobradas muestras de una postura opuesta a esa federalización del Estado boliviano, colocándose fuera de la principal corriente de cambio real existente en el país.

Esto significa que terminará por ser desalojado del sitial de alternativa al régimen por una opción federalista. Eso pasará, más temprano que tarde.