Por: Dr. Iván Lázaro Sánchez

Director General del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Capacitación de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C.

Twitter: @masteradvocatus

El nuevo marco constitucional y legal en materia energética que se está implementando en México (2013-2014), ha implicado una modificación estructural, en virtud de que transformó el andamiaje jurídico que rige toda la cadena productiva (upstream, midstream y downstream) de esta importante industria.

Reforma que en lo esencial:

  • Modificaron la naturaleza jurídica de las paraestatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales se transformaron al igual que sus subsidiarias, en Empresas Productivas del Estado (EPE). Con la consecuente reforma estructural y de gobierno corporativo, en donde sin duda el manejo de las empresas filiales que se creen o configuren, así como los contratos de operación conjunta y de asociación en participación que sean celebrados y que deriven de los farmouts que le sean autorizados por su consejo directivo y avalados por el órgano regulador, será fundamental en la estabilización económica a largo plazo de estos entes sumamente sustanciales para el Estado y la industria.

 

  • Prevén que, si bien los hidrocarburos son propiedad originaria de la Nación y en los que sigue prohibido otorgar concesiones para su exploración y producción, si permiten queel Estado, pueda realizar estas actividades mediante asignaciones a las EPE o a través de contratos con éstas o con particulares.

 

  • Crearon el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP), Fideicomiso del que es fiduciario el Banco de México (BM), el cual tiene por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos económico-derivados de las asignaciones y contratos que se otorguen por el Estado a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

 

  • Establecieron nuevas modalidades de contratación en la exploración y extracción de hidrocarburos. (producción compartida, utilidad compartida, licencia y de servicios)

 

  • Obligan que los contratos y asignaciones que el Estado suscriba en esta materia sean otorgados a través de mecanismos que garanticen su transparencia.

 

  • Imponen a las EPE y a las empresas de carácter particular, la instrumentación de criterios y prácticas en el cuidado y protección del medio ambiente.

 

  • En concordancia con el punto anterior, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), órgano regulador facultado para vigilar, supervisar y sancionar el cumplimiento de dichas obligaciones ambientales y de seguridad a cargo de las asignatarias o contratistas.

 

  • Reforma en la cual también, se resalta la utilidad pública que tendrá la exploración y extracción de hidrocarburos, y en donde si bien, se excluye la posibilidad de expropiar las propiedades a los particulares, si se prevé la posibilidad de una ocupación superficial temporal, a través de acuerdos celebrados entre las EPE o los contratistas con los titulares privados, ejidales o comunales de las tierras, o mediante la imposición de la figura creada exprofesamente y que fue denominada servidumbre legal de hidrocarburos. La cual, sin duda, merece un estudio amplio sobre su propia naturaleza jurídica por las implicaciones sociales que seguramente traerá.

 

  • Así mismo, se establece la posibilidad del pago en favor de los titulares de los derechos reales de las tierras, mediante una contraprestación por daños distintos a la tierra y, además, en caso de que el proyecto alcance la extracción comercial, un porcentaje de las utilidades netas que las EPE o contratistas obtengan por estos conceptos y previo pago al Estado de sus derechos y contraprestaciones.

 

Uno de los puntos más importantes, en este nuevo panorama,  es el análisis de los medios alternos de solución de conflictos, que por supuesto propician certeza y agilidad en la resolución de controversias ante  la dinámica del comercio mundial, por lo que el arbitraje, la conciliación, la medicación y los dispute boards, tendrán un papel fundamental en la materialización plena de los contratos para la exploración y extracción en la industria energética que se están celebrando en nuestro país, que si bien, son una novedad hacia el interior, no es así  en el ámbito internacional, en donde se han ido construyendo y perfeccionando a lo largo del siglo pasado hasta la fecha, incluso fortaleciéndose el marco jurídico consuetudinario que los rige, denominado Lex Petrolea.

Sobre lo anterior, debemos enfatizar la importancia de la industria energética y su necesario desarrollo, que sin duda, debe realizarse en armonía con el progreso y estabilidad económica y social de la Nación mexicana y de las naciones hermanas de Latinoamérica.

En este sentido, vale la pena resaltar lo que ha señalado en múltiples foros internacionales el distinguido especialista MBA. Boris S. Gómez Uzqueda; “América Latina, en conjunto, tendría que seguir discutiendo una Carta energética regional a través de sus escenarios de integración multilaterales, en donde se señalen parámetros mínimos para, por ejemplo, el aumento de la seguridad de suministro, la calidad de los servicios de suministro, la competencia y el acceso democrático a la energía, además de regulación expedita, abierta y transparente en las denominadas subastas para las licitaciones, para la generación, transmisión y la discusión de tarifas preferenciales para industrias, emprendimientos y sectores poblacionales vulnerables. Naturalmente esta Carta energética latinoamericana debe tomar en cuenta a las energías renovables (Carta Energética, El Nacional de Venezuela, 10/jul/18)

En conclusión, más allá del cambio político que está viviendo México, derivado de las elecciones del 01 de julio del presente año, en donde fue declarado ganador el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien toma posesión el primero de diciembre del 2018, y los planteamientos que ha dicho realizará en el desarrollo de su gobierno,  es imprescindible no perder de vista que para la estabilidad y desarrollo  de la económica del país y de la región latinoamericana, se debe impulsar la progresividad de las políticas de transparencia, el combate a la corrupción y la debida utilización de los recursos provenientes de la comercialización e industrialización de estos recursos naturales no renovables (hidrocarburos), para poder consolidar una industria competitiva y socialmente responsable, en armonía con una gobernanza sostenible en beneficio México que además permita una mayor integración con los países de Centro y Suramérica, propiciando fortalezas y seguridad energética.