Entrevista. El socio de la firma legal Wayar & von Borries observa que se deben hacer ajustes, pero protegiendo la soberanía nacional

Iver von Borries (41), socio del consorcio Wayar & von Borries, apunta a dar nitidez a las nuevas figuras jurídicas que emergen en la coyuntura económica que atraviesa el país. Sin titubeos y con respuestas claras, su lectura hace un repaso por las inquietudes del empresariado nacional y las ventajas de tener un marco jurídico claro que se presente a inversores del exterior.

En su experiencia y cercanía con el sector empresarial, ¿cuáles son las particularidades que se presentan en esta coyuntura?
Existe incertidumbre en general. La coyuntura política que se atraviesa es compleja. Si bien se prevé que el escenario se normalice el primer trimestre del 2020, la economía boliviana viene golpeada por los acontecimientos suscitados desde el 20 de octubre.

¿Qué es lo que inquieta a las empresas en la incertidumbre?
Hay un elemento de forma y otro de fondo. El primero nace de la inquietud por el tiempo en el que vamos a estar en esta transición. Por ejemplo, los bloqueos impiden la importación y exportación de productos, tema que afecta a la imagen del país como un nicho de inversiones para empresas interesadas en anidar en Bolivia.

El segundo punto es el nivel de afectación que este tiempo generó a las empresas; es decir, cuánto impactará al cierre de gestión los 21 días de paro en los que no se produjo y no se prestaron servicios. Si bien fue una adhesión voluntaria a la movilización cívica, esto repercute en la economía y las más golpeadas son las pymes.

¿Qué mecanismos legales hay para las empresas que no cumplan con sus contratos por esta coyuntura?
La normativa boliviana prevé la figura jurídica de la ‘imposibilidad sobrevenida’. Esta figura se da cuando existen hechos o circunstancias imprevisibles y previsibles inevitables, cuya consecuencia es el incumplimiento involuntario de las obligaciones contractuales de una parte frente a la otra.

¿Esto significa que las empresas pueden ampararse en esta disposición legal?
Afirmativo. Si bien es muy importante cumplir el mecanismo que las partes han acordado en su contrato para invocar una situación de imposibilidad sobrevenida, como ser el plazo que se tiene para comunicarlo a la otra parte y la forma en que se debe sustentar, respaldar o acreditar dicho evento, lo cierto es que el efecto o consecuencia jurídica es que la parte incumplidora no es responsable por dicha falta. Esto se da porque hubo factores externos ajenos a su voluntad que impidieron la ejecución de sus obligaciones contractuales de forma normal o regular.

Usted se refiere a una normalización de actividades para inicios de 2020, ¿este argumento aplica en materia económica?
La economía es cíclica y, en términos macroeconómicos, los números de crecimiento del país en los últimos años no han sido malos.

Sin embargo, hay que hacer ajustes para que los números no sean malos. Por ejemplo, no es un secreto que el país no sea atractivo para la inversión extranjera (en la ‘era Evo Morales’) y una evidencia es el caso de los hidrocarburos. No hubo nuevo actores.

Solo quienes interpreten que hay seguridad jurídica y un marco legal amistoso van a invertir con expectativas de éxito.

El nuevo Gobierno debe cambiar las políticas para hacer de Bolivia un país atractivo y amigable para la inversión extranjera directa. Es preciso un marco legal que avale y garantice a la inversión extranjera y proteja la soberanía nacional, una herramienta ideal para esto son, por ejemplo, las asociaciones público-privadas.

 

Fuente: EL DEBER