Análisis de Teófilo Caballero Viera, expresidente del Colegio de Economistas, es economista con una Maestría en Finanzas Corporativas de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.


Se ha hecho conocer a través de medios de prensa que el Gobierno Central busca extender el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) por 4 años más, o sea hasta el 2023.

Al respecto es importante considerar lo siguiente:

Este impuesto fue creado durante la gestión de Carlos Mesa, mediante Ley No 2646 de fecha 01-04-2004, con una vigencia de dos años, por eso se lo llamó un “impuesto transitorio”.

El propósito de este impuesto era obtener recursos adicionales para reducir el déficit fiscal (gastos mayores a los ingresos), que el año 2003 alcanzó al 7,9% del PIB, (el año 2002 el deficit fiscal alcanzó el 8,9% del PIB, por esa razón, el gobierno de “Goni” al año siguiente, quiso grabar el impuesto a los sueldos lo que posteriormente desató el Febrero Negro y marcó su huída 8 meses después).

Por ser un impuesto transitorio (2004-2006), el Congreso Nacional de ese entonces, aprobó en forma excepcional que el 100% de la recaudación del ITF sea destinado al Tesoro General de la Nación (TGN). Como es de conocimiento público, y de acuerdo con la Ley No 1551, LEY DE PARTICIPACION POPULAR de fecha 20- 04-1994, los impuestos nacionales en Bolivia se distribuyen de la siguiente manera: 75% para el centralismo gubernamental, 20% para los alcaldes de Bolivia y 5% para las universidades públicas.

Al considerarse al ITF como un impuesto de “emergencia nacional” es que en forma exclusiva se aprobó que el 100% recaudado sea para el TGN, había que corregir el mal mayor que en esa época era el DÉFICIT FISCAL.

Al incluirse la ampliación del ITF hasta el 2023 en la Ley Financial, que aprobará el rodillo masista en las siguientes horas, es necesario hacerle recuerdo a la opinión pública que lo recaudado entre el 2015 – 2018 fué de $us. 347,7 millones y que solo a servido para aumentar el despilfarro del Gobierno, cuando lo correcto seria que reduzca su Gasto Corriente y transparente el manejo financiero de sus 32 empresas públicas que creó en 13 años de gobierno, y que la mayoría de ellas no cuentan con Estados Financieros con dictámenes externos.

El despilfarro gubernamental queda plasmado en que este 2018 se tiene un déficit fiscal programado por el Ministerio de Economía de 8,32% del PIB y de 6,98% para el 2019.

Las preguntas serían: a) ¿donde quedó la Bonanza economica que experimentó Bolivia? b) ¿se acabó la “Nacionalización” ?.

Ver cuadro: