Análisis de: Emilio Martínez Cardona 

@EmilioMartinezC escritor y periodista.

El gobierno se alista a centralizar recursos de la coparticipación tributaria, correspondientes a gobernaciones y municipios,  con la excusa del Seguro Universal de Salud. Por una parte, se apunta a una medida que pueda tener algún impacto electoral, en vistas del estado crítico del sistema nacional de salud y del palpable malestar ciudadano.

Pero también se trataría de una nueva prebenda para los “movimientos sociales” del oficialismo. Esto último, teniendo en cuenta que la medida fue elaborada en encuentros con estas organizaciones sindicales y que el seguro sería manejado con su “control social”.

Así planteada y con estos actores, la iniciativa conlleva un serio riesgo de corrupción o desvíos, dado el antecedente del Fondo Indígena (Fondioc) donde los “movimientos sociales” desfalcaron al menos 182,7 millones de dólares, transferidos a cuentas privadas de sus dirigentes.

La concentración de recursos en el seguro anunciado podría dar lugar, entonces, a una suerte de “Fondioc” de la salud, donde los beneficiarios no serían precisamente los pacientes, sino la burocracia sindical que es pieza clave del esfuerzo reeleccionista.

Junto a los recursos de coparticipación, es probable que se apunte a echarle mano al préstamo de 300 millones de dólares aprobado en junio pasado por el Banco Mundial, teóricamente destinado al fortalecimiento de la red hospitalaria.

Junto al riesgo de corrupción, hay que cuestionar también el enfoque centralista adoptado por el gobierno para el Seguro Universal de Salud, que contradice todos los estudios nacionales e internacionales en la materia, donde la descentralización es un elemento fundamental para la eficiencia de la inversión social.

Citemos, por ejemplo, a la Revista de Análisis Económico editada por la estatal Udape, en su número de abril del corriente año, donde se establece “la existencia de una relación positiva entre el desempeño en los sectores salud, educación, vivienda y servicios urbanos, y la descentralización”.

Otro ángulo a tener en cuenta es la posible intención gubernamental de dar entrada en Bolivia –a costa del seguro- a nuevos contingentes de brigadistas cubanos, que serían desalojados del Brasil de Bolsonaro.

El proyecto ha concitado los cuestionamientos de la reciente Cumbre Departamental de Salud realizada en Santa Cruz, impulsada por el Colegio Médico, el Comité Cívico y el Sedes.

Al tiempo de subrayar que Bolivia debe contar con un seguro de salud universal y gratuito, la Cumbre cuestionó la irresponsabilidad de implementarlo “sin garantizar su sostenibilidad financiera”, el afán electoralista y la centralización, que viola tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Marco de Autonomía “Andrés Ibáñez”.

El encuentro también determinó una declaratoria de emergencia y la evaluación de “medidas de presión como las que resistieron al nuevo Código Penal”, así que podríamos estar a las puertas de una nueva batalla ciudadana como la vivida en el mes de enero, esta vez contra el centralismo y el peligro de concentrar los escasos recursos de la salud en manos salpicadas por múltiples hechos de corrupción.