El Gobierno boliviano presentó un proyecto ante la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por Bs 1.400 millones, para destinarlos en el apoyo a la gestión de las alcaldías y gobernaciones, que enfrentan una importante caída de ingresos por la emergencia sanitaria, producto del COVID-19, informó este jueves el ministro de Economía, Óscar Ortiz.

«El Gobierno nacional, liderado por la presidenta Jeanine Áñez, está presentando un proyecto ante la Corporación Andina de Fomento, por Bs 1.400 millones, los cuales serán utilizados para apoyar la gestión de municipios y gobernaciones», informó en conferencia de prensa.

El ministro de Economía dio esa información, luego de sostener una reunión con los principales representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), en la ciudad de La Paz.

De acuerdo a Ortiz, ese encuentro permitió analizar la situación difícil que están atravesando los municipios, debido a la caída de ingresos por la reducción de la actividad económica en el país y el mundo.

Ortiz indicó que se compartió con las autoridades municipales, el proyecto de ley que presentó la presidenta Jeanine Áñez a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que autoriza a todos los niveles del Estado y entidades públicas, modificar su presupuesto para enfrentar la crisis económica, incluso con el registro de ingresos adicionales.

También dijo que se compartió con las autoridades municipales, dos leyes que, hace cuatro meses esperan la aprobación de la ALP, una referida al «alivio tributario» que, por una parte, apoyaría a los contribuyentes que tienen algún conflicto con el fisco y, además, generaría ingresos coparticipables en beneficio de todos los niveles del Estado.

«Nadie entiende por qué no se aprueba esta ley que beneficia a los contribuyentes y que, obviamente, generaría ingresos para el Estado, en sus tres niveles, que tanto se necesita», lamentó.

Agregó que otra ley que está desde mayo en la ALP, es la que autoriza, de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2020, a que las entidades subnacionales, incluidas las universidades públicas, puedan utilizar recursos del IDH en gasto corriente y así dinamicen la gestión pública.

Esa norma también autoriza a diferir el pago de cuotas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), indicó.

Fuente: ABI