Parafraseando a la presidenta del Senado, yo también tengo la certeza de que el pozo Boyuy es posiblemente un éxito geológico, debido a que Repsol hizo bien su trabajo, acumuló un sinnúmero de datos a profundidades nunca antes exploradas en Bolivia y ha reescrito paradigmas científicos sobre las propiedades del gas en esas condiciones. Sin embargo, no me queda ninguna duda de que Boyuy es un rotundo fracaso exploratorio, debido a que no se alcanzó el objetivo principal: hallar gas comercializable, o sea útil para la economía del país.

La prueba irrefutable del fracaso es el silencio oficial, muy diferente a la locuacidad triunfalista de hace unos meses. Tampoco Repsol ha proporcionado información trasparente, aunque el sólo hecho de no haber traído al inefable Antonio Brufau para brindar con Evo Morales por el éxito de Boyuy habla de por sí.

Por cierto, no se trata de buscar culpables, menos de sentir vergüenza: el fracaso exploratorio es parte del  riesgo de una empresa petrolera, riesgo que el Estado en ninguna circunstancia debería asumir, debido a que esos cientos de millones de dólares los necesita para “su negocio”, que es proveer educación, salud y servicios a la población.

En ese contexto, alarma la ambigüedad oficial acerca de quién pagará los platos rotos. Personalmente me inclino  por varias razones relacionadas con la improvisada Ley de Incentivos Petroleros, por una devolución a Repsol de los costos incurridos, mediante las utilidades del campo Margarita.

Más importante es extraer algunas lecciones de ese fracaso. Ya mencioné la necesidad que YPFB no realice labor exploratoria ni asuma el costo de eventuales fracasos. Lo penoso es que, “gracias a la nacionalización”, hoy se ha vuelto muy complicado lograr que las empresas corran con todo el riesgo exploratorio.

Geológicamente hablando, el pozo Boyuy ha demostrado que no existe “continuidad geológica”. La cercanía del pozo con el campo Margarita, fuente del optimismo inicial, no ha sido suficiente garantía de reproducción de la estructura geológica.

A su vez, las autoridades del ramo deberían haber aprendido a no hacer el ridículo de “vender la piel del oso antes de haberlo capturado”, o, en otras palabras, a no mezclar evidencias empíricas con buenos deseos. Caso contrario, estarán condenadas a llenar un cuaderno de cien hojas con la sentencia: “Mi mamá me dijo un millón de veces que no tengo que ser exagerado”.

La actividad petrolera no debería ser presa del manoseo político, menos electoral. ¿Por qué al MAS le resulta tan difícil aceptar que la empresa YPFB, que el pueblo refundó mediante el referéndum del gas del año 2004, no es propiedad privada de un partido o de un gobierno, sino del Estado, o sea de todos los bolivianos?

Otra lección es que en el sector de los hidrocarburos actuar con improvisación o por desesperación tiene un costo elevado. Es cierto que “el ‘largo alcance’, previsto hace 13 años, es ya una realidad” (M. Medinaceli dixit) y muestra las arrugas de una política buena para cobrar y gastar, pero pésima para reponer y asegurar el futuro. Sin embargo, no parece correcto maquillar esas arrugas aceptando acríticamente las exigencias de las empresas petroleras con la esperanza de “milagros” que oculten los horrores; peor aún cuando el costo de ese cambio consiste en renegar de principios y valores que fueron banderas (¿o tan sólo máscaras?) del proceso de cambio. Piensen en el abuso de aplicar el art. 64 de la Ley 3058 a campos “pequeños y marginales”, como Margarita e Incahuasi; piensen en la rebaja del otrora inamovible 50% de regalías e IDH; piensen en los temas ambientales e indígenas; piensen en la industrialización frustrada por la ineptitud; piensen …

Análisis de: Francesco Zaratti es físico y analista exdelegado presidencial para la revisión de la Capitalización del Gobierno de Carlos D. Mesa.  Twitter: @fzaratti

Fuente: Página7