Por: Emilio Martínez Cardona, escritor.

Twitter: @EmilioMartinezC

Una diferencia fundamental entre los diversos sistemas políticos, sociales y económicos es la capacidad de auto-corrección ante los errores u horrores generados por su funcionamiento.

En aquellos donde imperan élites portadoras de una ortodoxia ideológica esta corrección se torna difícil, dada la autosuficiencia de esas oligarquías decisionales, para las cuales la preservación del relato fundante de su poder es más importante que el contacto con la realidad. De ahí que repriman toda crítica emanada desde fuera del establishment e incluso de los disidentes surgidos al interior de él.

El resultado es que estos sistemas refractarios a la crítica tienden a profundizar sus errores, que al agravarse impulsan a su vez a una espiral represiva de todo pensamiento independiente.

Esta lógica perversa es muy visible en regímenes socialistas de orientación autoritaria, donde las tesis centrales de interpretación y manejo de la economía están radicalmente erradas, conllevando de manera inequívoca a un caos creciente que las élites dirigistas sólo pueden atribuir a floridas ficciones conspirativas.
Así, el enemigo externo o sus “agentes” internos se vuelven piezas indispensables a la hora de apuntalar un discurso seudocientífico, apenas sostenible a través de una fe obligatoria que niega todas las experiencias demostrativas de su fracaso.

Muy distinto es el funcionamiento de las democracias liberales (aunque esta expresión sea en rigor un pleonasmo, ya que solo son democracias las liberales, mientras que aquellas que llevan los apelativos de “populares” o “comunitarias” se han revelado siempre como máscaras de una tiranía).

En estas la libertad de crítica es un engranaje insustituible del sistema político, que se concibe permanentemente perfectible o reformable. Más allá de las iras eventuales del gobernante de turno ante molestas interpelaciones, lo cierto es que una institucionalidad democrática fuerte no solo tolera los cuestionamientos, sino que los incorpora a la información necesaria para la toma de decisiones y, en caso de llegar a cierta “masa crítica”, cambia el rumbo de las políticas de Estado.

Los autoritarios suelen denostar a la democracia liberal calificándola de “corrupta”, por los múltiples escándalos que acostumbra ventilar la prensa. Aquí el error estriba en considerar vicio lo que en realidad es virtud: la transparencia, contrapuesta a la opacidad despótica que oculta los abusos detrás de la censura o de maquinarias judiciales cooptadas.

Precisamente, la disyuntiva transparencia/opacidad puede constituirse en uno de los ejes principales del debate político en el siglo XXI, donde los escenarios emergentes creados por las Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs) apuntan a confrontaciones entre ciber-totalitarios y tecno-libertarios.

En nuestra coyuntura nacional, los primeros son aquellos que propugnan “guerras contra las redes sociales”, muchas veces teledirigidos desde el poder, mientras que los segundos representan un nuevo ejercicio de la ciudadanía, refundando esa libertad de crítica indispensable para la autocorrección pacífica de una sociedad abierta.