FOTO: Ronald Nostas, líder del empresariado boliviano.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional, una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el contenido de 7 artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley 1055 – de Empresas Sociales. El sector señala que la norma posibilita la confiscación.

En el documento, la entidad demandó la suspensión de la aplicación de la norma, hasta que se resuelva la acción, debido a que “la vigencia de la ley y la aplicación de la misma a casos concretos, puede ocasionar daños irreparables al patrimonio de los empresarios, sus actividades, negocios y la propia economía de la empresa, así como a derechos de terceros”.

La entidad que agrupa a los empresarios del país, señaló que algunos contenidos de los Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta, contienen varias disposiciones violatorias de derechos humanos y garantías y principios constitucionales, como la igualdad y no discriminación, protección a la propiedad privada, libertad de empresa, libre asociación, circulación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa, principio de impugnación, entre otros.

Finalmente, la CEPB aclara que no se opone a la creación de empresas sociales bajo la figura y principios establecidos en el Artículo 54 de la CPE, sin embargo, indican que “en la forma como ha sido promulgada la Ley 1055, fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores, deja a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas, posibilita la confiscación de la propiedad privada y desalienta la inversión y la creación de empresa en el país”.

Fuente: tomado de agencias y El Diario