Por M.G.F. Mirko Gardilcic Calvo Reconociendo los múltiples análisis, debates y hasta especulaciones surgidas a raíz de la reciente y polémica “Ley de la Coca”, que duplica el área permitida para su cultivo legal, hoy abordamos un aspecto muy importante que aparentemente fue soslayado por la mayoría de los observadores de esta temática.
Por M.G.F. Mirko Gardilcic Calvo
Reconociendo los múltiples análisis, debates y hasta especulaciones surgidas a raíz de la reciente y polémica “Ley de la Coca”, que duplica el área permitida para su cultivo legal, hoy abordamos un aspecto muy importante que aparentemente fue soslayado por la mayoría de los observadores de esta temática.
El detonante de esa medida política, sin lugar a dudas, constituyó el aprobar un total de 22.000 hectáreas para ser utilizadas en plantaciones de coca en el territorio nacional, que cotejadas con las 12.000 hectáreas contempladas en la anterior legislación significa un inusitado e injustificado incremento.
Como simples referencias, entre otras se citan: “Se eleva un 83% la superficie destinada al cultivo legal, llegando a 22.000 de las cuales14.300 corresponden a la región de los Yungas de La Paz y 7.700 del trópico de Cochabamba”. “La zona productora de La Paz es la tradicional, pero la del trópico de Cochabamba se empezó a desarrollar en los años ´80 y la ley antidroga nunca la reconoció como legal”. “Un estudio del Gobierno en el 2013, señala que la demanda legal de la coca, para: infusión, mascado y rituales religiosos, sólo debe equivaler a 14.700 hectáreas”. «Los informes de instituciones internacionales (UE y la ONU) indican que el 90% de la coca del Chapare, va al narcotráfico». “El excedente de unas 6.000 toneladas de coca, será industrializado para exportar a países limítrofes”. “Todos los proyectos de desarrollo alternativo al cultivo de la coca, fracasaron debido a la elevada rentabilidad de este cultivo”.
En consecuencia, opositores y oficialistas llegan a coincidir en reconocer (o por lo menos consentir), que se legalizó una superficie excedentaria para el cultivo de la coca destinada al consumo tradicional. Situación, fácilmente demostrable con el siguiente análisis estadístico: Si resultan ciertos los datos del estudio del 2013, que justifican el cultivo legal de 14.700 hectáreas para el consumo habitual; según el INE la población nacional llegó a 10.319.347 habitantes ese año y se estima en 10.976.369 para el 2017 (año de promulgación de la nueva Ley). Se deduce que se suscitó un incremento poblacional del orden del 6,4 %, exageradamente distante en 7 veces menos, del incremento del 49,7 % (22.000 entre 14.700 hectáreas), aprobado para los cultivos de coca en el mismo periodo.
Ahora bien, tratando el tema económico, también en base a un sencillo cálculo numérico, se establece que: una hectárea comprende 10.000 m2, las 22.000 hectáreas aprobadas significan 220.000.000 de m2de cultivo, una planta de coca requiere en promedio 1 m2y produce 600 grs de coca seca (media entre los Yungas y el Chapare) equivalente a 1,32 libras, y el precio de venta al consumidor es de 65 Bs/libra (9,34 $us) se tiene un valor total de producción y ventas de alrededor de 2.712 millones de $us/año.
Por si sola, tal vez esa cifra no exprese mucha significancia, pero si hacemos algunas comparaciones, podremos notar su verdadera importancia económica: Dividida entre la población concedería un ingreso de 247 $us/persona/año, monto de por sí representativo al ingreso per cápita nacional (10 %). Comparada con los ingresos tributarios del 2016 (7.017 millones de $us) implicaría un 38 %. En relación a la renta nacional por hidrocarburos (1.660 millones de $us) significaría un ingreso superior (1,6 veces). Pero lo que resulta más preocupante que esta cifra astronómica se encuentra en manos de muy poca gente (41.000 afiliados) que representa apenas un 0,37% de la población boliviana.
Probablemente, aquí radique la explicación a muchas interrogantes referidas ¿al por qué? agricultores, gremios, políticos, gobierno y demás actores sociales, no se enfrentan (o por lo menos se resisten) ante este poderío económico. Pues lamentablemente, si aceptamos que el poder económico, es entendido como un instrumento de dominación social desde tiempos inmemoriales, ahora más que nunca, nadie se atreverá a desafiar al poder de la coca en Bolivia. Segúnlos datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), el precio de la coca crece en 500 veces más al transformarse en cocaína, aspecto que espeluzna el movimiento económico analizado.
