Análisis de: Dante Napoleón Pino Archondo. Fue Ministro de Estado, Diputado Nacional de Bolivia, es economista y docente universitario. twitter: @dantenapuco 

En la nota “El Modelo Hibrido del Populismo” afirmamos que el modelo económico del gobierno del presidente Morales, es una mezcla mal hecha del modelo capitalista de estado originado en la década de los sesenta y las medidas de primera generación constituidas en 1985 durante el gobierno de Paz Estenssoro.

En el contexto del retorno al capitalismo de Estado se volvieron a crear empresas estatales, distorsionando el mercado de la producción de bienes y servicios. Fueron necesarias las medidas de segunda generación llevadas a cabo en 1993 con la capitalización de las empresas monopólicas en manos del Estado y la transferencia al sector privado de aquellas que por el volumen de su capital podían ser administradas por empresarios, para evitarle al Estado tener que sostenerlas cubriendo sus déficits y usando recursos que deberían destinarse a sectores sociales en salud y educación.

El denominado proceso de cambio en realidad fue un cambio con retroceso. Estudios elaborados por el CEDLA nos proporcionan datos relevantes de lo que ha sido esta política regresiva de volver a crear empresas con el fin de tener motores productivos que hagan andar la economía. La mirada económica llena de añoranza por aquellos tiempos de la revolución de abril, fue disfrazada con un discurso barroco donde lo que ya se hizo y tuvo malos resultados, se rehace anunciando victorias imaginarias en el marco de un cambio que retrocede en vez de avanzar.

El gobierno ha creado 34 nuevas empresas públicas, que sumadas a las 18 que quedaron del proceso de privatización, nos dan un total de 52 empresas a cargo del Estado.

Las empresas nacionales crecieron en número de 9 a 32 es decir un 256%, las departamentales aumentaron una empresa y las municipales 10. Las nuevas 23 empresas nacionales abarcan todo el espectro de la economía, desde la aviación, metalurgia, espacio, almendra, depósitos aduaneros, azúcar, cartones, papeles y lácteos. Es decir, una mezcla donde la voluntad del gobierno se manifieste. Esta invasión de empresas creadas con capital del Estado, o sea con dinero de los bolivianos, se han constituido como empresas estatales (EE) estatales mixtas (EEM) y estatales intergubernamental (EEI), en todas estas empresas el Estado tiene una participación en el capital que va del 100 por ciento al 70 por ciento.

De acuerdo a la normativa confeccionada estas empresas tienen la capacidad de actuar sin estar sujetas a la Contraloría General del Estado ni se aplica para ellas la ley 1178 de entidades del sector público, lo que les da libertad para efectuar contrataciones como si fueran empresas privadas.

Con todas estas facilidades, aporte de capital, libertad absoluta para operar y cero rendición de cuentas, estas empresas, sin considerar a YPFB, succionan el 10 por ciento de los  recursos del Presupuesto General del Estado y tienen más recursos que las gobernaciones, que las alcaldías y universidades.

La pregunta surge inevitable: ¿son necesarias? ¿Qué sentido tiene sostener con el 10 por ciento del presupuesto del Estado a estas actividades que pueden y deben estar en manos del sector privado de la economía, cuando las Gobernaciones, Municipios y Universidades necesitan de estos recursos para atender necesidades sociales urgentes?

El ochenta por, ciento del presupuesto general maneja el gobierno central; 44.3 por ciento mas 35.6 por ciento de las empresas públicas. Esta centralización de recursos representa un retroceso lamentable que ha dejado al proceso autonómico en un estancamiento cuyas consecuencias se evidencian en el retraso de proyectos y programas en todo el país.

Lo penoso es su ejecución presupuestaria que en promedio es del 68,7 por ciento, tomando en cuenta a YPFB, sin ella, las empresas publicas ejecutaron el 23 por ciento de los recursos asignados, y además de esto, recibieron créditos, transferencias y aportes de capital del gobierno, demostrando su enrome ineficiencia. Un dato llamativo es el  del sus ingresos operativos que el año 2014 fueron 76,4 mil millones de bolivianos, y que caen al año 2016 a 46.3 mil millones de bolivianos. No conocemos informes oficiales sobre esta situación. Y como se dice el silencio es a veces una respuesta.

El modelo del populismo no es un modelo productivo, lejos está de serlo, es en la creación de empresas públicas una copia mal hecha de la Corporación Boliviana de Fomento, creada a finales de los cincuenta con el mismo criterio que esgrime el gobierno ahora de incubar empresas para luego transferirlas al sector privado. Solo que en el camino estas empresas en vez de fortalecerse operativamente y de demostrar tasas de retorno adecuadas, acaban siendo un lastre que atora al gobierno y que el sector privado no lo quiere.

El empresariado boliviano debía tener una posición critica a este respecto, puesto que los impuestos que paga el sector formal de la economía no debían destinarse a sustentar empresas publicas ineficientes. Esta política, el gobierno la muestra como un galardón, algo que les llena de orgullo y se refieren a ella como logros del proceso de cambio, llegando al extremo de creer que es un ejemplo para otras economías.

YPFB del 100 por ciento de los ingresos operativos durante el 2011 al 2016 manejó el 87 por ciento, esto significa que el resto de las empresas públicas tienen el 13 por ciento, por la venta de sus productos o servicios. Eso explica que en ese período hayan tenido que solicitar presamos por 17.5 mil millones de bolivianos al Banco Central. Demostración de la poca productividad de las empresas públicas. Qué fácil es manejar una empresa sin tener que preocuparse por la competencia en el mercado y por sus ventas, total si estas no cubren sus costos para eso esta el Banco Central. Llamar a esta política productiva es cuando menos un sarcasmo.

Cuando la ideología se coloca por encima de la realidad y se la convierte en la verdad absoluta, todo se puede justificar. De ahí deviene la insistencia en mantenerlas, en ocultar su ineficiencia y ineficacia, en sostenerlas con créditos que se saben no serán pagados, en usarlas como instrumento de propaganda política, que parece ser todo el fin que se persigue al final del día.

El modelo económico populista ha resultado ser demasiado caro a los intereses nacionales, ha retrotraído a la economía a tiempos superados y ha ocasionado un retraso en los niveles de productividad y aplicación de tecnología.

Lo preocupante de esto son los resultados a los que llevaran a la economía al final del actual mandato, y mucho más grave si se dotan de un nuevo período de cinco años, es la tendencia que muestran los indicadores de déficits fiscales, déficits comerciales también, y caída de reservas internacionales junto con un endeudamiento externo e interno acelerado y creciente. Ya conocemos lo doloroso de la enfermedad, ya pasamos por este ritual del gasto sin medida y del endeudamiento sin límite. Son estas las razones más importantes que debían ser motivo de reflexión y debate en estos meses electorales que se avecinan.