Bolivia es un país con ingentes cantidades de recursos naturales, biodiversidad y recursos humanos con gran potencial. No obstante lo anterior, nuestros índices de competitividad son bajos, contrario a los niveles de corrupción y pobreza, que aun permanecen elevados. Durante décadas se nos ha graficado como aquel mendigo sentado en una silla de oro, en clara alusión a nuestras riquezas naturales desaprovechadas y que, de ser monetizadas, nos permitirían emerger como un país integralmente desarrollado.

Aun cuando resulta bastante obvio que los conceptos de “seguridad jurídica” y “negocios” vayan de la mano, es importante recordar que esto no sucede de forma automática, ni es fruto de la casualidad.

A partir de la instauración de la economía libre de mercado, en prácticamente todos los países del mundo los Estados se han interesado por mostrarse lo más atractivos posible para atraer a la inversión extranjera directa (IED); y es cabalmente dentro de ese cúmulo de atributos, que la seguridad jurídica desempeña un rol fundamental.

Por definición -de las muchas que hay- se entiende a la seguridad jurídica como aquella “cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”. Lo anterior significa que, para que se considere que en un país existe seguridad jurídica, no basta con contar con normas garantistas sino además que debe existir el andamiaje institucional (mediante un Poder Judicial probo) que asegure que dichas normas sean cumplidas de forma cabal.

Por otra parte y en lo que respecta al Derecho de las Inversiones Internacionales, definido como el conjunto de normas que protegen a la inversión y al inversionista extranjero frente a las acciones de los Estados receptores de la inversión, el ordenamiento jurídico boliviano cuenta con dos normas a saber: la Ley de Promoción de Inversiones No. 516 del 2014 y la Ley de Arbitraje y Conciliación No. 708 del 2015. Si bien son leyes bien intencionadas, urge -a todas luces- modificarlas para que se constituyan en pilares normativos que ofrezcan las garantías necesarias para la inversión.

Finalmente y para lograr efectividad en materia de inversión, tocará materializar nuestra re-adhesión al Convenio CIADI, considerado como la “piedra angular” del Derecho de Inversiones en el mundo y que fuera denunciado (esto es, terminado unilateralmente) por el anterior gobierno del MAS, junto con los 22 Tratados Bilaterales de Inversión suscritos por Bolivia. En definitiva, esta fue una pésima señal para las empresas extranjeras interesadas en invertir en nuestro país.

En su último informe anual, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (dependiente de la Organización de las Naciones Unidas) señalaba que la IED en el Estado Plurinacional de Bolivia se había reducido un 56% en 2018, llegando a escasos 316 millones de dólares (el nivel más bajo desde 2006), una cifra ridículamente baja comparada con los 88.319 millones de dólares que atrajo Brasil en 2018 o los 11.352 millones de dólares que captó Colombia durante la misma gestión.

Debemos entender de una vez por todas que nuestros niños no se alimentan de ideología política, sino de inversión, traducida en ingresos para el erario nacional y convertidos en hospitales, colegios y proyectos de desarrollo social y que la seguridad jurídica se construye con normas claras y garantistas, donde se respete la soberanía patria, pero también los derechos de quienes decidieron apostar e invertir en nuestro país; no entender esto implicará permanecer sentados en aquella silla de oro, viendo al tren del progreso pasar.

Iver von Borries es abogado, considerado uno de los abogados de empresas más influyente en Bolivia. Es especialista en Derecho de Inversión y Arbitraje Nacional e Internacional. Es Master en Derecho Internacional Privado y cuenta con Post Grados en Derecho Corporativo y Arbitraje Comercial. Es socio del Estudio Jurídico WAYAR & VON BORRIES.