AUTOR: JAVIER ROMERO*
*Abogado con especialidad en Derecho Empresarial y Derecho Corporativo, analista experto de documentación
jurídica de índole comercial y societaria, asesor legal de distintas empresas del medio en materia civil,
corporativa, administrativa – regulatoria y contractual.

El gobierno corporativo puede entenderse como un cúmulo de principios, técnicas y medidas que permiten a cualquier empresa desempeñarse bajo estándares mínimos de eficiencia, equidad, transparencia y probidad.

Esta noción es inherente a la toma de decisiones estratégicas y creación de políticas corporativas, así como la estricta observancia del marco normativo vigente y a las relaciones, derechos y obligaciones que se ejercitan al interior de las empresas.

En este sentido, su principal objetivo es justamente procurar se mitiguen las prácticas empresariales perjudiciales, débiles o defectuosas, pero sobre todo, un gobierno corporativo bien llevado dotará a las empresas de credibilidad y estabilidad, suscitando un sólido crecimiento y generando riqueza.

Desde el ámbito normativo, Bolivia avanzó en los últimos años hacia esa dirección, inicialmente mediante la aprobación de la Resolución Administrativa RA/AEMP/Nº 142/2011, eventualmente reemplazada por la RA/AEMP/Nº 99/2016, que, a diferencia de su predecesora, incorporaba el carácter de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del país.

Pese a que estas normas fueron dejadas sin efecto producto de insalvables falencias de orden técnico-legal, entre sus aspectos positivos bien se puede destacar el reconocimiento de una serie de derechos en favor de los socios, así como el mandato para que los lineamientos de gobierno corporativo sean plasmados en manuales y contratos de toda empresa boliviana. En esa línea, además de una serie de modificaciones y adecuaciones que necesariamente debían sufrir los documentos constitutivos y de representación, debía elaborarse, entre otros, un Reporte Anual de Gobierno Corporativo que unifique y evalúe los aspectos previamente descritos.

Más allá de los innegables beneficios a favor del mercado global, la generación de valor y eficiencia en los negocios, es tarea de las empresas bolivianas no solo cumplir con la norma jurídica formal, sino construir en la práctica una cultura respetuosa de los principios del gobierno corporativo, lo que conlleva en definitiva a contar con unidades productivas transparentes.