La diputada, Susana Rivero, que preside la comisión legislativa que investigó los supuestos sobornos en los casos denominados Odebrecht y Lava Jato, para la construcción de las carreteras Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, afirmó el domingo que la tarea de esa comisión está respaldada con documentos que establecen indicios que aluden al exvicepresidente Carlos Mesa y sus colaboradores y afirmó que el exmandatario quiere distraer esa indagación.

«El ex presidente Mesa solo quiere distraer. (….) Aquí están los documentos, aquí están sus decretos firmados, y muchos viajes y coincidencias de sus colaboradores  y plata irregular», explicó en el programa el «Pueblo es Noticia» que se difunde por los medios estatales.

Ratificó que fue en el gobierno de Mesa que se promulgaron seis decretos supremos, desde la instrucción de licitar la carretera Roboré – Puerto Suarez, hasta dividir esa carretera en dos tramos con su abogado, Carlos Alarcón, cuando era ministro interino de Obras Públicas.

Subrayó que esa carretera fue «convenientemente dividida» y adjudicada a la empresa Camargo Correa el tramo Roboré – El Carmen y El Carmen – Arroyo Concepción a Odebrech.

La legisladora del MAS cuestionó al expresidente porque sus colaboradores no aclaran a que se debían tantas reuniones de alto nivel para resolver los pedidos de Odebrech, como -recordó- relató el propio embajador brasileño, Antonio Mena, además de los movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas bancarias, de Alarcón, que tiene 15 cuentas en 7 diferentes bancos en Bolivia.

Explicó que la comisión indagó, revisó impuestos, aportes a las AFPs, declaraciones juradas, en Derechos Reales y «todo lo que está por fuera de lo que son salarios, ventas e ingresos normales, lo que se denomina movimiento inusual y sospechoso».

Aclaró que la comisión no pide que enjuicien a  Mesa, y ratificó que constató indicios que se deben investigar con mayor profundidad tomando en cuenta que es una denuncia grave, al recordar que esos casos de soborno han sucedido en todo el continente y han sucedido en Bolivia.

«El informe que mandamos el 2 de octubre dice que con estos indicios hay que investigar profundamente, porque cuando nos hemos reunido con el Fiscal General del Perú nos ha dicho, tengo información, pero no le puedo dar a una comisión investigadora parlamentaria, sino le tengo que dar a mi homólogo que es el Fiscal General de Bolivia», fundamentó.

«Aquí hay documentos, aquí hay pruebas, la asamblea tendrá que considerar nuestro informe pero nosotros recomendamos con semejantes indicios que el Fiscal general de Bolivia tiene que activar la cooperación judicial, así se llama en términos jurídicos para que el fiscal que hay en Brasil  pueda contactarse con todas estas personas que están todas procesadas en su país para que nos den mayores elementos», complementó.

Denunció que por investigar ese caso ha recibido permanentes amenazas hace cinco meses y dijo que es el precio que tiene que pagar por descubrir la verdad.