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Denuncian arbitrariedad y abuso del Gobierno por nueva norma que obliga a notarios a reportar a Unidad de Investigaciones Financieras sobre compra y venta de bienes inmuebles

Denuncian arbitrariedad y abuso del Gobierno por nueva norma que obliga a notarios a reportar a Unidad de Investigaciones Financieras sobre compra y venta de bienes inmuebles

Medida “política” afirman economistas: califican de “arbitrario” control a compra y venta de inmuebles. La sorpresiva medida que obliga a notarios de fe pública a reportar sobre transacciones inmobiliarias de movimientos que se hagan en efectivo y sean superiores a 300.000 dólares. Dos economistas denunciaron la “arbitrariedad y abuso” en que incurre el Ministerio de

Medida “política” afirman economistas: califican de “arbitrario” control a compra y venta de inmuebles.

La sorpresiva medida que obliga a notarios de fe pública a reportar sobre transacciones inmobiliarias de movimientos que se hagan en efectivo y sean superiores a 300.000 dólares.

Dos economistas denunciaron la “arbitrariedad y abuso” en que incurre el Ministerio de Economía al haber aprobado la disposición que obliga a los notarios de Fe Pública a reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) información sobre la compra y venta de bienes inmuebles. Ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró ayer que la disposición es aplicable a viviendas con valor mínimo de 300.000 dólares.

Alberto Bonadona dijo que lo que pretende el Gobierno es someter al ámbito penal a los opositores que detenten viviendas o inmuebles sospechosos de lavado de dinero o que en algún momento fueron incautadas al narcotráfico. “Una transacción de compra y venta de un bien inmueble es solamente una simple acción ciudadana que el Gobierno pretende incorporar una visión delictiva a sus titulares. Por lo conocido se puede predeterminar que la IUF buscará someter a los opositores políticos del Gobierno que considere sospechosos de la tenencia de un bien legalmente obtenido”, sostuvo.

Según dijo Bonadona a una radioemisora local, la IUF tiene todos los mecanismos para establecer si un bien proviene de lavado de dólares. “Es a todas luces una medida sorpresiva que no fue previamente socializada”, dijo y agregó que la medida se ha gestado desde la oficina de la IUF como si fuera una “inocente” disposición. “No es aceptable que el Gobierno pretenda confundir un hecho que corresponde al ámbito civil-comercial al penal como si fuera un delito cuyo juzgamiento corresponde a la Ley 1008.

DINEROS “GRISES”

Por su parte, el economista Gonzalo Quiroga, sostuvo que la IUF debe ocuparse de investigar dineros “grises” o “oscuros” vinculados con delitos de trata y tráfico, narcotráfico y contrabando de armas, entre otros. “Cuando se ramifica su trabajo a los notarios se advierte que la IUF no está en capacidad de conocer cómo se mueven los capitales en el país”. Indicó que teniendo el control preliminar del movimiento de capitales sospechosos la entidad de investigación asume –en este caso– una postura política antes que técnica.

Explicó que en el caso de Honduras que es país de paso de anfetaminas y narcotráfico, se tienen medidas para ver las transacciones financieras operadas por unidades de investigación. Advirtió que las transacciones fuera del sistema financiero son de difícil seguimiento respecto de operaciones comerciales corrientes. “Lo que sucede es que tiene que haber una serie de controles vinculados a la comisión de delitos específicos, pero la IUF no puede actuar de oficio sobre una transacción privada”, alertó.

Fuente: El Diario y agencias