Foto archivo: presidente de CEPB Ronald Nostas. 

Desde el pasado 1° de Mayo, cuando el Gobierno y la Central Obrera Boliviana acordaron el pago del Segundo Aguinaldo para la gestión 2018, aún sin conocerse las cifras de crecimiento, el sector empresarial boliviano expresó con claridad, su rechazo a esta medida, que en las actuales circunstancias económicas, tiene una triple consecuencia: amenaza la sostenibilidad de los sectores empresariales y de los departamentos con menor crecimiento; pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y atenta contra la productividad y la inversión privada.

En estos meses, dirigentes de 20 sectores empresariales, microempresarios y representantes de todas las regiones del país, han expresado que no están en condiciones de pagar el Segundo Aguinaldo, exponiendo razones irrebatibles, que han sido respaldadas por instituciones académicas y de investigación altamente reconocidas.

Como institución cupular de la actividad empresarial formal en el país, hemos agotado los recursos para demostrar con cifras oficiales, la imposibilidad de muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para asumir este costo, sin poner en riesgo su viabilidad y los empleos que generan.

No obstante la abundante evidencia, la razonabilidad de la demanda, la desigualdad en el crecimiento de las regiones y los permanentes pedidos, reclamos y advertencias de todos los sectores empresariales, el Gobierno tomó la decisión de seguir adelante con este objetivo político, sin reparar en sus consecuencias y sus efectos, limitándose a ofrecer algunas medidas paliativas como la ampliación del plazo, la posibilidad de pagar un porcentaje en productos y el establecimiento de un límite máximo, inexplicablemente alto; medidas, que en la decisión anunciada por el Gobierno, desnaturalizan las propuestas del sector privado, y lejos de resolver el problema, lo postergan.

El Segundo Aguinaldo debilitará la estabilidad macroeconómica, dañará las finanzas públicas del nivel central y subnacionales, postergará proyectos de inversión pública, afectará las reservas internacionales y causará el rezago de la inversión privada en el país.

Como bolivianos, vemos con extrema preocupación que nuestras necesidades, derechos, demandas no son atendidos. Nuevamente, constatamos que hay una lógica permanente de beneficio a pequeños grupos favorecidos, en detrimento de una población, cuyas oportunidades de desarrollo se están viendo, progresivamente, menguadas.

Esperamos que el Gobierno Nacional haya valorado las consecuencias de esta definición, que se acumula a una serie de medidas que no contribuyen al desarrollo, crecimiento y progreso de Bolivia. Emplazamos a que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pueda explicarle al restante universo de trabajadores formales, a los jóvenes que necesitan incorporarse a la fuerza laboral, a los informales y desempleados, porqué en Bolivia no se puede continuar generando empleo digno. Ellos serán responsables de la precariedad y agotamiento de posibilidades, que un país en desarrollo debe ofrecer a sus ciudadanos.

A tiempo de ratificar nuestro rechazo al Segundo Aguinaldo, advertimos que pese a su obligatoriedad, muchas empresas no están en la posibilidad de cumplir con esta injusta obligación.

En consecuencia, exigimos la anulación de esta medida, porque ha desvirtuado sus propios objetivos, en cuanto a garantizar equidad, promover la calidad de vida de la población y de los trabajadores.