Desde que el gobierno acordó con la COB el pago del segundo aguinaldo –sin tener las cifras que lo sustenten–, los sectores empresariales de todo el país hemos advertido por todos los medios, que esta medida iba a tener efectos devastadores sobre la economía de seis departamentos, de la totalidad de las mypes y de una gran parte de las empresas afiliadas a las cámaras nacionales y departamentales.

Las federaciones departamentales de empresarios de Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando y Potosí; ocho de las nueva Cámaras de Industria, todas las dirigencias de las pequeñas y medianas empresas; los sectores de la construcción, agrícola, productores avícolas, pecuarios, ganaderos; sector maderero, empresas comerciales, transporte, gastronomía, colegios privados e incluso organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas del ámbito local, han expresado claramente que no están en posibilidades de pagar este beneficio, creado en medio de la bonanza, y sostenido sin medir qué efectos puede tener en un proceso de desaceleración como el actual.

Sin embargo, pese a ello, no se ha logrado ninguna reacción positiva del gobierno y aún más, han sido respondidas con exabruptos, medias verdades y generalidades, como la versión que todas las empresas han tenido elevadas utilidades, que los privados no quieren compartir sus ganancias o que el doble aguinaldo retorna a los empresarios. Ninguno de estos argumentos resiste el menor análisis serio e imparcial.

El gobierno ha desoído la racionalidad de los argumentos del sector privado, pero también de analistas e investigadores del área económica, que han explicado con cifras claras que:
i) no más del 20% de los trabajadores bolivianos se van a beneficiar, perjudicando al 80% restante, lo que genera una discriminación evidente;
ii) que el segundo aguinaldo alimenta más al contrabando;
iii) que su forma de cálculo es inadecuada y distorsiva porque se basa en un crecimiento promedio sin considerar la situación de las mypes;
iv) que su imposición ciega afecta a los más débiles y vulnerables;
v) que la presión salarial va a resultar en informalización laboral;
vi) que muchas empresas medianas y pequeñas van a cerrar o ingresar a la informalidad;
vii) que su pago en el mes de diciembre, cuando los empleadores tienen que erogar cuatro sueldos, es devastadora para el sector privado
viii) que generará mayores presiones sobre el déficit fiscal de nuestro país comprometiendo una vez más las reservas internacionales que van cayendo a un ritmo desalentador.

Pese a todo lo explicado, el gobierno ha decidido el pago del segundo aguinaldo en esta gestión, amparándose en un dato de crecimiento pre anunciado, sin haberse generado un espacio para que conozcamos y analicemos la consistencia de las cifras provistas por el INE y, sobre todo, los impactos reales sobre la economía, las empresas y el desarrollo productivo del país, donde la productividad de las empresas se ve perjudicada por los altos costos laborales y la competitividad nacional está cada día más debilitada.

Los empresarios siempre hemos mantenido una línea de respeto y sujeción a la Ley, sin embargo, advertimos que una gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas no podrán cubrir esta penalización encubierta, sin poner en riesgo su sostenibilidad y la estabilidad de las fuentes de trabajo que sostienen.

Hacemos responsable al gobierno y a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana por todos los efectos nocivos que esta decisión va a generar, y esperamos que asuman las consecuencias, y que respondan a las miles de familias que se verán afectadas por esta medida incongruente con la realidad por la que atraviesan la mayoria de los sectores y regiones que no han logrado niveles de crecimiento necesarios para afrontar su pago. El entorno de negocios para el desarrollo empresarial se va complejizando día a día y los costos se hacen insostenibles en el tiempo.

Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata revisión de la medida en cuanto a sus alcances, afectaciones y perjuicios, y que se considere su ajuste o eliminación, en tanto no se garantice que el crecimiento de la economía sea equitativo y sostenible tanto para las medianas y pequeñas empresas así como para todos los departamentos del país.
Finalmente informamos que, debido a la gravedad de esta medida, convocaremos al Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para analizar y tomar una decisión conjunta sobre la respuesta a la convocatoria del gobierno.