Por la importancia del contenido, in-extenso el análisis del gremio comercial nacional a su disposición:

La tasa de crecimiento estimada para el 2018 y 2019 es del 4,7%, algo que señala un cambio en las perspectivas del Ministerio de Economía, que usualmente estimaba tasas de crecimiento superiores a las gestiones anteriores. En este caso se mantiene el ritmo de crecimiento previsto para el 2018, lo que muestra un moderamiento en las perspectivas del equipo económico del gobierno.

Otro elemento que hay que observar es que, aun cuando se planifica una inversión pública de 6.510 millones de dólares, 7,5% mayor que la del 2018, el ritmo de crecimiento se mantiene. Esto último señala la tendencia ya observada en años anteriores: el rendimiento de la inversión pública, en lo que respecta a impulsar el crecimiento, es cada vez menor, señalando claramente que es necesaria una nueva estrategia de crecimiento. Esta estrategia debe incluir al sector privado como uno de los principales factores para el crecimiento.

Hay que hacer notar que de los 6.510 millones de dólares planificados para inversión pública, el 31% son financiados con recursos externos, lo que significa un posible incremento de la deuda externa de hasta 2.018 millones de dólares.

Dentro de las previsiones, la de la inflación parece ser sumamente optimista, ya que hasta septiembre de este año la inflación acumulada apenas ha superado el 0,9%, por lo que es muy difícil que en los últimos tres meses del año los precios muestren incrementos tan fuertes como para llegar al 2,9%. Hay que aclarar que contrariamente a lo que plantea el gobierno, el nivel de precios se ha mantenido prácticamente sin movimiento por la menor dinámica de consumo en el mercado, junto con un ingreso fuerte de productos por contrabando a partir de las devaluaciones en los países vecinos.

De mantenerse la política cambiaria y la menor dinámica de consumo en el mercado interno, es muy probable que en el 2019 volvamos a ver tasas de inflación por debajo del 2,5% (a pesar de los esfuerzos del Banco Central y el Gobierno Central).

Llama la atención también que prácticamente se mantiene el mismo nivel de gasto (214,7 mil millones de bolivianos en el Presupuesto Consolidado y 286,2 mil millones en el Presupuesto Agregado) pero se incrementa la previsión de inversión a 6.510 millones de dólares, lo que significa que necesariamente debe haber un recorte en el gasto corriente. Sin embargo, este recorte no se da en el presupuesto de sueldos y salarios, que crece en 3% respecto al 2018 (salvo en el caso de las empresas públicas, en las que se observa un recorte mínimo de 70 millones de Bolivianos).

En términos de administración, entre el Gobierno Central y las Empresas Públicas se concentran más del 62% del gasto, mientras que los gobiernos municipales y las gobernaciones no alcanzan, en conjunto, a administrar ni el 18% de los recursos presupuestados, lo que señala de nuevo la alta concentración del gasto. Esto es preocupante a partir de las altas asimetrías en los ritmos de crecimiento, y desempeño económico en general, que hemos observado en las regiones en los últimos años. Una forma de corregir estas grandes diferencias es profundizar la autonomía en la asignación del gasto.

Por fuente de ingresos, el PGE para el 2019 estima que 25% de los ingresos para el Estado provendrán del sistema tributario y algo más del 27% por ingresos de operaciones de las empresas públicas. Sin embargo, dentro de los ingresos por operaciones, el 77% de los mismos corresponden a los aportes de YPFB, mientras que en el 2018 esta cifra era del 75%, lo que significa que la dependencia de los recursos por exportaciones de gas sigue siendo alta.

En el caso de los ingresos tributarios, el PGE 2019 prevé ingresos por 49.112 millones de bolivianos (3,6% más que en el 2018), de los cuales los impuestos en el mercado interno (IVA, IUE, IT, etc.) representan algo más de 45 mil millones de bolivianos. Esto implica, de no mediar un incremento de la base impositiva, un mayor peso tributario sobre los actuales contribuyentes. A esto hay que agregarle la ampliación de los límites para acceder al Régimen Simplificado, que se constituye en un desincentivo a la formalización.

El incremento del subsidio a los carburantes líquidos, en casi un 27% respecto al 2018, resulta llamativo en un contexto en el que se ha introducido al mercado el etanol. El objetivo del etanol era la reducción de la subvención a la gasolina, que además, en función de los datos, se había mantenido estable en torno a los 3.300 millones de Bolivianos. Por lo tanto, en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo tienden a la baja, el fuerte incremento en este gasto plantea interrogantes sobre la producción actual de carburantes en el país.

Finalmente, en el PGE 2018 se había planteado un déficit fiscal del 8,3% del PIB, sin tomar en cuenta los gastos como el del doble aguinaldo, lo que hace suponer que de haber una ejecución presupuestaria eficiente, se debería cerrar el año con una cifra superior a la estimada. De la misma manera, la cifra planteada por el PGE 2019 es de casi el 7%, lo que muestra en alguna medida preocupación del gobierno central por un sexto año consecutivo en el que los déficits fiscales se acumulan.