La medida no es coherente con la realidad de las empresas que desde 2015 no incrementan sus ventas. Implica un gasto de $us 450 millones de los cuáles $us 300 millones le corresponden al sector privado nacional. A tiempo de ser restrictiva para el sector formal, no llega a la totalidad de los dos millones de trabajadores informales que ni siquiera reciben el salario mínimo. Finalmente, esta forma de fijación del incremento salarial reproduce la artificial confrontación entre empresarios y trabajadores que no corresponde a la realidad cotidiana e invalida la toma de decisiones en el marco de una negociación tripartita.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – Bolivia (CAINCO), lamenta la decisión de fijar el incremento salarial 2019 en 4% para el haber básico y 3% para el salario mínimo nacional.

De igual forma, deplora la actitud de la Central Obrera Boliviana (COB) de plantear alzas salariales que priorizan a un segmento pequeño de la masa laboral boliviana por un corto plazo y sin tomar en cuenta las consecuencias para la economía nacional que impactarán posteriormente en un menor ingreso de recursos económicos en las familias bolivianas.

Si bien pondera la contrapropuesta inicial del área económica del Gobierno Nacional, que tenía una visión más acorde con la realidad nacional, lamenta que presiones oportunistas de la COB hayan obligado al gobierno a dictar un incremento que se puede calificar como nocivo para el país por los siguientes motivos:

1. Es inconsistente con la situación global de las empresas privadas a nivel nacional. Desde 2015 hasta el presente las ventas empresariales se han estancado en el mismo nivel, lo cual contrasta con un crecimiento de 11% por empresa observado en el periodo previo 2005-2015, según se infiere de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se calcula que para cubrir el alza determinada por el Gobierno y la COB las ventas de las empresas tendrán que subir más de 2,5% y las utilidades en más del 5%. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de las fuentes de ingresos de miles de trabajadores.
2. Tampoco es coincidente con la realidad sectorial e individual de las empresas. Considerando la información sobre el crecimiento del valor agregado en 2018, el incremento será claramente perjudicial para los sectores extractivo forestal y minero, los rubros industriales textil, de refinación, de producción de minerales no metálicos y la construcción, donde se sentirá con más fuerza los efectos negativos del alza salarial.
3. Desincentiva la creación y conservación de empleo digno. Investigaciones especializadas sobre los efectos de las políticas laborales en Bolivia como en Latinoamérica encuentran de forma rigurosa que el incremento salarial observado en los últimos años ha promovido la menor creación de empleo o su debilitamiento a través de la informalidad.[1] Desafortunadamente los grupos más afectados son los jóvenes y las mujeres. No menos importante es que deja de lado a cerca de dos millones de trabajadores del sector informal cuya remuneración mensual es menor al salario mínimo, convirtiéndose el aumento salarial en una medida aspiracional e inefectiva para mejorar sus condiciones económica y sociales. Esta realidad impactará negativamente porque los miembros de las familias bolivianas tendrán menores oportunidades de acceso a empleos formales, con las prestaciones sociales correspondientes, viendo disminuidas sus posibilidades de generar los ingresos suficientes.
4. Profundiza la vulnerabilidad de la economía boliviana. Considerando tanto el sector público como privado, implica un aumento del gasto agregado de $us450 millones, equivalente a un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales dos tercios serán financiados por el sector privado formal. Este resultado se reflejaría en un monto proporcional de egreso de divisas y pérdida de reservas internacionales netas, en virtud de un balance negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
5. Prolonga el incumplimiento de los convenios internacionales firmados por el país en materia laboral. Bolivia ha firmado el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala taxativamente que su fijación sea hecha “en pie de igualdad, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.” Una vez más la negociación entre el gobierno nacional y la COB ha dejado de lado este principio de sana convivencia social, cuyo incumplimiento ha sido observado por la OIT.

En síntesis, el alza no es coherente con la necesidad de incrementar nuestra productividad, de crear nuevas fuentes de trabajo, de dignificar el empleo promoviendo la formalidad, de preservar la estabilidad macroeconómica y de fijar el incremento salarial de forma tripartita con la participación equitativa de los empresarios, trabajadores y el Gobierno.

Finalmente, CAINCO lamenta que el artificial clima de confrontación entre empresarios y empleados siga primando en la discusión laboral, con una lógica que fue característica del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

En la actualidad las relaciones entre trabajadores y emprendedores es fluida y cordial, en un marco de respeto; y no antagónica como se postula una visión nostálgica del pasado y que no es beneficiosa para la discusión laboral en una era de rápida transformación económica.

Es interés de las empresas privadas mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores, los trabajadores, lo cual se puede hacer de forma sostenible y seria mediante la educación, una red de seguridad social adecuada y una protección efectiva, no enunciativa, de los empleados.

[1] Los más relevantes para el caso boliviano son “Evidencia de los impactos del salario mínimo en los resultados del mercado laboral: el caso de Bolivia” de M. Claure, A. Leytón, C. Valencia, V. Sánchez y J. Dávalos (2017) y “Resultados en el mercado de trabajo y políticas laborales en Bolivia: un enfoque de búsqueda y emparejamiento” de R. Nogales, P. Córdova y M. Urquidi (2019).