En el contrabando hay dos etapas que se deben tomar en cuenta. La primera es la del control y prevención y la segunda la de la sanción por el ilícito. En este caso la actual norma aduanera, que se apoya en el Código Tributario de Bolivia (CTB), indica que pueden ser enviados a la cárcel aquellos contrabandistas cuyos impuestos omitidos de sus mercancías decomisadas superen las 200.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), que al 10 de mayo, según el Banco Central de Bolivia (BCB) cotiza cada unidad a Bs 2,36.

Las 200.000 UFV, a un tipo de cambio del dólar de Bs 6,86, equivalen a $us 68.979 y si la misma es superada, la legislación vigente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) determina una privación de la libertad de ocho a 12 años.

Sin embargo, en el estudio El Contrabando, Estado actual, análisis y propuestas para el sector de alimentos y bebidas, elaborado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), se hace notar que los márgenes de cobranza que realiza la ANB son muy amplios, lo que prácticamente hace imposible realizar un proceso delictivo a un contrabandista.

Sobre el tema, Ian Miranda, abogado e investigador jurídico, jefe de Representaciones de la Cainco, observó que el límite de las 200.000 UFV es una puerta muy amplia que no ayuda a castigar penalmente a las personas que ingresan al país distintos productos de manera ilegal, pues a su criterio ningún contrabandista se arriesga, en una sola partida, a manejar un capital tan elevado.

Miranda detalló que, en 2003, si una persona omitía el pago impositivo y se pasaba de las 10.000 UFV ($us 1.329), a un valor de Bs 1,02 y un tipo de cambio del dólar a Bs 7,67, podía ser encarcelada entre tres y seis años.

A manera de ejemplo, Miranda precisó que hace 18 años, de acuerdo con las UFV permitidas, se podían ingresar unos 13 televisores, con un valor de $us 1.000 cada uno, sin correr el riesgo de perder la libertad, porque sumando los artefactos daban $us 13.000, por lo que el 10%, del tributo aduanero; el Gravamen Arancelario (GA) se ubicaba en $us 1.300; es decir, que estaba dentro del límite y, a lo sumo, al infractor se lo podía castigar por contrabando contravencional, una figura en la que se cobran multas económicas y no necesariamente se manda tras las rejas al contrabandista.

En el escenario actual y con los valores vigentes de UFV (200.000) o su equivalente en $us 68.979, el contrabandista tiene la chance de introducir 689 televisores, a $us 1.000 cada uno, sumar $us 689.000 y tener un 10% del GA de $us 68.900. Cifra que lo protege de una acción penal, más allá de una sanción contravencional.

En este punto, Miranda remarcó que ningún contrabandista fue atrapado con más de 689 televisores para ser procesado y enviado a prisión, por lo que la figura delictiva no se aplica, lo que, desde su perspectiva, genera que la misma sea obsoleta e irreal y juegue en contra de un mejor control del contrabando.

¿Qué pasa en la región?

Según el estudio de la Cainco, Bolivia tiene la vara más alta ($us 68.979) de la región, para castigar penalmente a una persona que ingresa mercadería de forma ilegal al país. Mientras que, en los países de la región el valor de los impuestos omitidos es más bajo, lo que permite una mayor posibilidad de castigar penalmente a los infractores.

Así en Paraguay, si se supera los $us 500 en tributos omitidos, el infractor puede ser enviado a prisión entre cinco y 10 años; en Colombia, se castiga con la cárcel entre cuatro y ocho años a aquellos comerciantes que superen los $us 1.330; en Chile, si se omiten los impuestos y se superan los $us 1.637, y la multa es de una a cinco veces el valor de la mercancía.

Mientras que en Ecuador se sanciona con prisión, entre tres y cinco años, a los que evadan el pago impositivo por encima de los $us 4.000, y en México, el castigo va de tres meses a cinco años de privación de la libertad, más el comiso de la mercadería para aquellos que superen los $us 43.607 en impuestos no pagados.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, sostuvo que es muy amplio el margen en el cobro de los impuestos omitidos y que se debería reducir la cantidad de las UFV, para estar en sintonía con la región y así poder lograr sanciones ejemplares con aquellas personas que dañan la economía del país.

Sin embargo, Antelo considera que la reducción de las UFV no es determinante, sino que para frenar al contrabando se debe apoyar la actividad formal con medidas que impulsen la producción boliviana y la vuelvan más competitiva.

Sobre el tema, Antonio Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduaneros (CNDA), hizo notar que lo primero que se debe tomar en cuenta es que el contrabando es un daño económico y, por ello, cuanto mayor es la cuantía del delito que se infringe sin dudas que corresponde la cárcel.

En cuanto al incremento de la cantidad de las UFV, Gallardo sostuvo que aquello es resultado de la presión social de las organizaciones sociales y de los pobladores de las zonas fronterizas para subir la vara y evitar la cárcel.

“Igual hay otra figura que te lleva a prisión y que tienen que ver con la defraudación aduanera, y en este punto la cantidad de UFV es de 50.000, que tienen que ver con la falsificación de permisos y documentos de importación”, dijo Gallardo.

Quiénes y dónde controlar

Con la certeza de que los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el país, son perforados por los contrabandistas, el control del ilícito, a criterio de la Cainco, no solo puede quedar limitado a las zonas primarias (fronteras) y a una sola institución como la Aduana Nacional (ANB).

En el contexto actual, el cruce de las facultades y alcances de las distintas entidades o instituciones como las gobernaciones, municipios, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), ANB, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Ministerio Público, Policía y las FFAA, provocan un ‘entuerto’ legal que hace más lento e ineficaz la prevención, control y sanción del contrabando.

Miranda considera entre las competencias exclusivas y privativas del Gobierno y de los gobiernos subnacionales hay ‘vacíos’ legales que no permiten un trabajo integral y coordinado entre todas las instancias.

Por ejemplo, entre las competencias exclusivas de los municipios están el control y sanidad, la Guardia Municipal y la Defensa al Consumidor; es en este punto donde puede coordinar con el Senasag, cuando se trata del comiso y destrucción de productos sin permisos de ingreso al país, pero no tienen competencia para luchar de forma directa contra el contrabando.

Para superar este problema, Miranda propone que para lograr un trabajo coordinado en el control del ingreso ilegal de alimentos y bebidas, el municipio, junto con el Senasag y el sector privado, trabajen de forma conjunta y que a un pedido expedito y directo del Senasag, la Aduana y la Policía ayuden en el tema de los tributos omitidos, en los comisos y allanamientos programados.

Así la lucha contra el contrabando, a criterio de Miranda, cobraría más fuerza en las zonas secundarias (mercados y ferias), donde se comercializa lo ingresado por las distintas fronteras que tiene el país.

En este aspecto, Gallardo es más cauto al sostener que un control masivo en las ferias y mercados puede ser contraproducente, más en una economía en la que la informalidad bordea el 80% y donde el que comercia 10 o 50 panetones de contrabando no es el responsable de este ilícito, ya que los mayoristas ingresan al país cientos de cajas.

“Se debe tener cuidado con eso de municipalizar la lucha contra el contrabando, porque hay gente que se gana el pan de cada día y no son los verdaderos contrabandistas. El control firme debe ser donde se origina la ilegalidad y eso es en las fronteras”, precisó Gallardo, que considera, por ejemplo, que en Chile se deben activar los acuerdos para que la ropa usada y los vehículos con más de un año de uso, no lleguen ni siquiera a los puertos, dado que en ese país, como en Perú y Bolivia su venta está prohibida.

Fuente: El Deber